ESTE MIÉRCOLES FUE APROBADO EN EL SENADO EL PROYECTO DE LEY QUE OBLIGA A LOS COLEGIOS PARTICULARES A RECIBIR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE). AHORA DEBE PASAR A SEGUNDO TRÁMITE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA PODER SER PROMULGADO.
Según la página oficial del Senado el texto legal se enmarca en el “avance progresivo, que ha experimentado nuestro país, hacia una mayor inclusión escolar, con un enfoque especial en aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan necesidades educativas especiales de carácter permanente, en concordancia con los compromisos adoptados por el Estado de Chile mediante la ratificación de la “Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad” y la Ley N° 20.422, dictada con posterioridad a la ratificación de este instrumento internacional, como necesario cumplimiento y complemento de sus normas”.
Además, destacan que “cabe señalar que en la Convención y ley señalada, la inclusión escolar sólo se encuentra garantizada respecto de establecimientos educacionales que reciban aportes estatales, por lo que, a fin de no hacer ilusorio el derecho a la no discriminación en el acceso a la educación, se plantea la necesidad de establecer en la ley, el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados, de adecuar sus programas curriculares y políticas de selección, a las mismas normas que rigen a los demás establecimientos escolares públicos o particulares subvencionados en materia de inclusión escolar.
Los principales puntos del proyecto:
– Establece, respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el deber de contemplar programas de inclusión escolar que incorporen los ajustes necesarios y apoyos pertinentes, para el acceso y permanencia de estudiantes con necesidades educativas especiales.
– Dispone que por “ajustes necesarios” se entenderán las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada para los establecimientos, faciliten la accesibilidad o participación de aquellos en igualdad de condiciones que el resto del alumnado del mismo establecimiento.
– Prohíbe, a estos establecimientos, cancelar la matrícula, suspender o expulsar a alumnos por presentar necesidades educativas especiales; así como, tampoco podrán cobrarles una matrícula, ni un arancel diferenciado, a causa de las necesidades educativas especiales que requieran o de los costos de implementación de programas de integración escolar.
– Dispone que, en sus procesos de admisión, a partir de primero básico, estos establecimientos deberán asegurar 2 cupos por curso, prioritariamente destinados a estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes asociados a discapacidad; priorizando, además, la matrícula para los hermanos de aquellos alumnos con necesidades especiales.
– Regula la implementación progresiva de los cupos especiales reservados, de tal forma que, al año escolar siguiente a la publicación de este proyecto como ley, deberá garantizarse un cupo por nivel; al segundo año un cupo por curso, para finalmente entrar en plena aplicación al tercer año escolar.
– Establece el deber de promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información en todo el proceso educativo.
La moción “nace a partir de una realidad”, según la sección noticias del Senado. El sitio además consigna que “los colegios privados suelen rechazar a los menores con necesidades especiales aludiendo a la carencia de los recursos necesarios para entregarles una educación que incluya las adecuaciones curriculares que ellos requieran. Asimismo, se han dado situaciones en que, a pesar de ser admitidos en dichos colegios, estos les cobran un monto superior de matrícula y arancel o mensualidad, en comparación al que es requerido al resto de los estudiantes de la institución”.
Algunos de estos casos han sido denunciados por medio de la interposición de acciones de no discriminación arbitraria, regulada en la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, o recursos de protección.
Según la base de datos del Ministerio de Educación, en el año 2018 hubo 183.373 alumnos matriculados con necesidades educativas especiales en Chile. De estos, sólo 45 asistieron a establecimientos particulares pagados. La cifra da cuenta de los desafíos que aún representa la implementación Ley 20.845, de inclusión escolar, de 2015.
Ahora se debe esperar para que sea aprobado en el segundo trámite de la Cámara de Diputados, y en paralelo seguir empujando para fortalecer la inclusión también en la educación pública y reforzando y perfeccionando el Programa de Integración Escolar (PIE).
Acá puedes revisar el Boletín oficial (No 12.982-04)
Fuente: senado.cl
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