El aumento de casos de violencia machista se ha disparado, a nivel global, durante el confinamiento. La situación es aún más grave cuando se trata de mujeres o menores en situación de discapacidad, que tienen más dificultades para la autodefensa y el acceso a recursos de ayuda y denuncia.
La crisis del Covid-19 ha afectado a la población más vulnerable desde muchas perspectivas, y una de ellas ha sido la violencia de género. Mujeres atrapadas en casa con su agresor durante más de dos meses. Por ejemplo, en España el número de llamadas al 016 ha aumentado un 60% desde que se decretó el estado de alarma, una realidad que coincide con la de otros países como Brasil, donde las agresiones han aumentado un 18% o, en Reino Unido, donde los asesinatos se han duplicado durante la pandemia.
Si, además, se trata de mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, la situación se agrava. “El aislamiento complica, todavía más, las posibilidades de estas mujeres de pedir apoyo y asesoramiento sin correr peligro”, señala la criminóloga y jurista Ana Almécija, que ha participado en un encuentro online organizado por la Fundación CERMI Mujeres (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Además, ha enumerado algunos de los factores que hacen que las mujeres en situación de discapacidad tengan mayor riesgo de sufrir violencia: como por ejemplo tener más dificultades de autodefensa o afrontar trabas añadidas para acceder a recursos de ayuda y denuncia, entre otros. “Por ello, animo a que cada vez más personas conozcamos los recursos disponibles, aunque no seamos víctimas de violencia, y que sepamos las diferentes herramientas existentes para cada tipo de discapacidad, con el objetivo de poder ayudarlas”.
Por otro lado, Laura Seara, asesora legal de la Fundación, explica algunas de las formas más habituales de violencia psicológica que se producen contra mujeres en situación de discapacidad: “son obligadas a abandonar tratamientos médicos, desposeídas de su capacidad de elegir sus alimentos, de manejar sus finanzas y hasta de usar su propio teléfono móvil, con el objetivo de que estén incomunicadas, se sientan más dependientes y no puedan pedir ayuda”.
Ingreso Mínimo Vital
Por otro lado, CERMI Mujeres ha reclamado al Gobierno español que la regulación legal del ingreso mínimo vital no olvide a las mujeres con discapacidad, “que forman parte del núcleo duro de la exclusión socioeconómica en nuestro país”. Además, demandan que este “se vincule con la persona en situación de pobreza o exclusión social, a título individual, cuando se trate de una persona con discapacidad, y no con el hogar o con la unidad de convivencia en la que se integre, para que esta prestación promueva verdaderamente la autonomía económica y la inclusión efectiva de la propia persona”.
Fuente: larazon.es
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